Derecho Ambiental

Derecho ambiental

La amplia experiencia de este despacho en urbanismo, asesoramiento a entidades locales y empresas, le ha permitido ir profundizando su contacto y experiencia con el derecho ambiental, cuyo conocimiento y aplicación es estrictamente necesario para el desarrollo de cualquier actividad empresarial con incidencia medioambiental con plena seguridad jurídica; derecho cuyo dinamismo, quizá el mayor dentro del ámbito del derecho administrativo, exige una constante actualización que este despacho se impone como ineludible exigencia para la prestación de un servicio profesional de calidad.

Dada la actual imbricación del derecho urbanístico y ambiental para la implantación de cualquier tipo de proyecto, una de las “fortalezas” de este despacho para el desarrollo de su labor de asesoramiento es su contrastada experiencia en el ámbito del urbanismo, que, unida a la referida actualización en derecho ambiental, permiten que el cliente tome la mejor decisión en cuanto a la ubicación de la actividad que pretende desarrollar y conozca desde un inicio todos los instrumentos que necesariamente va a tener que tramitar por las incidencias medio ambientales de su actividad, para que la misma se desarrolle con toda la seguridad jurídica desde ese ámbito del derecho.

Del mismo modo, tal experiencia y conocimientos permiten a este despacho el mejor asesoramiento para los problemas urbanísticos y medioambientales que pueda tener una industria o actividad ya implantada, a fin de conseguir la plena regularización de dicha actividad en tales aspectos y solucionar los conflictos que pudiesen existir, bien con las propias autoridades o con el entorno inmediato (legalizaciones, reconocimientos, actividades en edificios fuera de ordenación, etc.); así como orientar al cliente en el camino más idóneo para la ampliación o crecimiento en el desarrollo de esa actividad.

Este asesoramiento urbanístico y ambiental se vuelve, además, fundamental a la vista de las nuevas técnicas de control introducidas legislativamente como consecuencia de las Directivas Comunitarias que exigen una mayor liberalización de los servicios y fortalecimiento de la competitividad, y cuya figura más relevante son las denominadas “comunicaciones previas” que permiten el inicio de una actividad sin necesidad de esperar a ninguna autorización, permiso o licencia administrativa; técnicas de control que suponen trasladar la responsabilidad en cuanto a la adecuación de la actividad proyectada a la normativa ambiental vigente a los propios administrados y emprendedores, y su exposición a importantes responsabilidades pecuniarias si la administración comprueba con posterioridad que no existía tal adecuación. Con el agravante de un las consecuencias siempre perjudiciales de la paralización de una actividad ya iniciada que puede acordar la administración competente en la materia.