Suspensión de los contratos públicos por razón de la existencia del permiso retribuido criterio de la Abogacía General del Estado

El hecho de que el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, no implica que se deba acordar por el órgano de contratación la suspensión de los contratos públicos de ejecución de obra, ya que el solo hecho de que a los trabajadores empleados en la obra pública se les hubiese concedido un permiso retribuido, que además es recuperable, no determina la imposibilidad de ejecución de la misma.

Y tampoco supone, que, una vez establecido el modo de recuperación del tiempo del permiso, pueda ser necesario reajustar el programa de trabajo. El carácter recuperable del permiso garantiza al contratista la posibilidad de reorganizar el tiempo de trabajo con el fin de que el permiso no afecte al total de horas trabajadas necesarias para la ejecución de la obra contratada.

Así, y aun cuando las solicitudes que puedan presentar las empresas contratistas ante el órgano de contratación cumplan los requisitos formales establecidos en el artículo 34.3 del Real Decreto- ley 8/2020, si en éstas se limitasen a vincular la imposibilidad del contrato a la existencia del permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, no debieran ser atendidas.