RECLAMACIONES A FORMULAR POR LOS ACCIONISTAS ASÍ COMO LOS TENEDORES DE DEUDA DEL BANCO POPULAR (BONOS CONTINGENTES CONVERTIBLES Y BONOS SUBORDINADOS DE BANCO POPULAR): LA VÍA MÁS RÁPIDA, EL PROCEDIMIENTO CIVIL.-

Ya fueron noticia en nuestra web en Septiembre de 2014 y Mayo de 2015, las Sentencias dictadas en procedimientos dirigidos por este despacho que declarabanla nulidad por vicio del consentimiento, en la contratación de la suscripción de acciones de BANKIA en su salida a bolsa en julio de 2011, y la nulidad de la compraventa de obligaciones subordinadas convertibles por la ausencia de información clara y concisa por parte de la entidad Banco Pastor, en un escenario mucho menos proclive a la protección del consumidor en relación con la adquisición de los productos bancarios.

 

El fin de estos sencillos apuntes jurídicos es aclarar si los inversores podrán reclamar lo perdido tras la adquisición de esta entidad financiera por el Banco Santander y cuál sería la vía más rápida para la legítima satisfacción de sus intereses.

 

El 7 de junio de 2017, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (“FROB”) informó que la comisión rectora del FROB había procedido a la venta de Banco Popular a Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”) por 1 Euro tras la decisión adoptada por la autoridad europea de resolución competente – es decir, la Junta Única de Resolución (“JUR”) – tras ser declarado Banco Popular inviable.

 

Sin embargo, el 19 de abril de este mismo año, el Ministro de Economía de España, Luis De Guindos, hacía unas declaraciones en prensa diciendo: “Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas”.

Por estas declaraciones del Ministro, muchos nuevos accionistas minoritarios decidieron comprar acciones o ampliar las mismas; es más, el pasado 16 de Mayo de 2017, el Ministro volvió a reiterar lo mismo a través de los medios de comunicación.

Está publicado por varios medios españoles, que tanto el Gobierno de España, como los supervisores bancarios europeos, comunicaron públicamente, que el Banco Popular era solvente hasta días antes de que pasara el robo total de las acciones, bonos e instrumentos financieros de los accionistas minoritarios.

El Banco Popular es una entidad bancaria española, que cerró el año 2016 con un patrimonio neto comunicado hace un mes en 10.777 millones, según documentos registrados ante la CNMV, el organismo que regula los mercados.

Las inexactitudes, sin duda buscadas de propósito, en las que incurrían las cuentas anuales que se incluían en el folleto informativo de Banco Popular para la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016 podrían ser consideradas sustanciales y determinantes para inducir a error a los inversores. Es decir, si tal folleto informativo no reflejaba la imagen fiel del banco, los inversores pueden reclamar la pérdida sufrida.

En cuanto a la legitimación pasiva, la demanda se presentaría contra el Banco Popular y, en caso de estimarse, sería el Popular, filial de Banco Santander, el obligado al pago. En caso de fusión por absorción de Banco Popular, Santander sería el responsable directo, por sucesión universal.

Los afectados cuentan con las acciones previstas en el Código Civil, de anulabilidad por vicio en el consentimiento prestado por error, o bien por dolo, derivado de las falsedades, omisiones de información relevante, o manifestaciones engañosas ofrecidas por la propia entidad, lo que conduciría a la declaración de la nulidad de la adquisición de los títulos y el consiguiente reembolso de las cantidades satisfechas. En estos casos, la acción prescribiría a los cuatro años desde que se tiene conocimiento del error o dolo.

El incumplimiento de los artículos 38.2 LMV y 36 del RD 1310/2005 en relación con la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016, implica que los Tribunales podrían condenar a Banco Popular a abonar los daños y perjuicios provocados a los inversores.

 

Para los accionistas que hayan adquirido sus títulos con ocasión de la última ampliación de capital, de junio de 2016, el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, establece la responsabilidad sobre el emisor, el oferente y los administradores, así como del garante y de la entidad directora de la emisión, por la información que figura en el folleto, en caso de que se ocasionen daños y perjuicios a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de informaciones falsas u omisiones de datos relevantes en el folleto. En principio esta acción tiene un plazo de prescripción de tres años, que se contarán desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad o de las omisiones en el contenido del folleto.

 

Estimamos, sin embargo, que también en este supuesto sería aplicable la normativa general del Código Civil y los tribunales también podrían declarar la nulidad de los contratos de compraventa de acciones de Banco Popular, con restitución de las prestaciones entre ambas partes, por la existencia de error en el consentimiento.

Son ya múltiples las querellas y denuncias formuladas ante la Audiencia Nacional por la intervención del banco Popular, y su posterior venta al Santander por un euro, dejando que los accionistas carguen con todas las pérdidas. Al menos tres despachos de abogados han presentado iniciativas penales por estafa y delitos de falsedad contable contra la destituida cúpula de la entidad, presidida por Emilio Saracho; y la anterior, encabezada por Ángel Ron. Las acciones penales también se dirigen contra la auditora PwC.

La última querella contra la cúpula del Popular –en este caso la encabezada por Ron- la ha interpuesto este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), “en defensa de los 300.000 pequeños inversores y accionistas” de la entidad que han visto como el valor de sus títulos pasaba a cero en la noche del martes al miércoles pasado.

La OCU considera que la información contable “auditada, pública y supervisada” con que contaron los accionistas del Popular a la hora de adquirir o mantener sus títulos “se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad”. Según la organización de consumidores recuerda que hace menos de un mes, los documentos registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cifraban en 10.777 millones de euros el valor patrimonial del Popular.

El jueves pasado otro despacho lanzó la primera querella contra el Popular y contra la auditora PwC por delitos societarios, en contra del mercado y los consumidores. Según este bufete, tanto Saracho como su antecesor Ron, “ocultaron pérdidas que tendrían su origen en determinadas provisiones”.

Procede, pues, a juicio de esta Letrada el ejercicio de las acciones civiles de nulidad y de reclamación de daños y perjuicios provocados a los inversores en base, en este caso, al incumplimiento de los artículos 38.2 LMV y 36 del RD 1310/2005.

Con toda probabilidad, como en el supuesto de BANKIA, la entidad demandada opondrá la “prejudicialidad penal”, es decir, la suspensión de los procedimientos de reclamación civil hasta la resolución de las querellas y denuncias interpuestas, sin embargo como ya declaró el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 20 de Noviembre de 2014 al inadmitir la oposición de BANKIA, no es preciso un pronunciamiento penal previo sobre la causa penalmente reprobable que hubiese ocasionado la falsa imagen de solvencia ni tampoco sobre quien o quienes deben responder de los hechos.

Delfa Losa