Caducidad de los procedimientos sancionadores

La demora o el retraso injustificado en la incoación de un expediente sancionador por parte de la Administración -desde que tiene conocimiento de los hechos que podrían determinar la incoación del mismo- habrá de computarse a los efectos de la caducidad del procedimiento sancionador, de acuerdo con reiteradas sentencias dictadas por el TSJ de Galicia. Por lo tanto, la inactividad de la Administración durante un período inusualmente largo determina la caducidad del procedimiento sancionador, al implicar una vulneración del principio de seguridad jurídica.