Principales efectos del Estado de Alarma sobre las obligaciones de las Sociedades Mercantiles

Es un hecho que el actual Estado de Alarma está afectando a los resultados económicos y financieros de las sociedades mercantiles pero, además, la aciaga situación que nos ocupa tiene, también, una notable repercusión sobre algunas obligaciones a las que están sujetas que trataremos en el presente artículo, como son la formulación y aprobación de las cuentas anuales, el modo de celebración de las reuniones de los órganos de administración y las juntas socios, los plazos para adoptar un posible acuerdo de disolución, así como para cumplir con el deber de solicitud de concurso acreedores y, afectando, asimismo, al derecho de separación de los socios.

El Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, ha motivado la adopción de diversas medidas tendentes a adaptar las obligaciones que recaen sobre las sociedades mercantiles, y por extensión sobre sus administradores y socios, a las particularidades de la actual realidad.

Estas medidas se encuentran recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que modifica y acomoda algunas de las medidas, ya adoptadas por el primero, a las dificultades puestas de manifiesto.

En primer lugar, cabe destacar las adaptaciones operadas sobre el sistema de celebración de las sesiones y reuniones, tanto de los órganos administración como de las juntas de socios, estableciéndose la posibilidad de celebrar las mismas por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque los estatutos sociales no lo hayan previsto, siempre que todos los miembros del órgano, o socios con derecho de asistencia, dispongan de los medios necesarios, con la exigencia de que el secretario del órgano reconozca su identidad y así lo exprese en el acta, que deberá remitir de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. Esta misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas la sociedad. Entendiéndose, en cualquier caso, que la sesión ha sido celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Asimismo, se establece la posibilidad, a pesar de que los estatutos no lo hubieran previsto, de adoptar los acuerdos de los órganos de administración mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y debiendo adoptarse así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano de administración. Al igual que para el caso de las reuniones, esta regla se aplicará a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas la sociedad. Igualmente, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.

A todas estos acuerdos les será de aplicación lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, es decir, la constancia en acta de los acuerdos adoptados, con expresión de los nombres de los administradores, y el sistema seguido para formar la voluntad del órgano social, con indicación del voto emitido por cada uno de ellos.

También se prevé que el notario que fuera requerido para asistir a una junta general de socios y levantar acta de la reunión, pueda utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

Cabe decir que estas medidas resultan de aplicación, también, a los órganos de gobierno de asociaciones, sociedades civiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, por indicación expresa del propio artículo 40.- Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y su modificación por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

En segundo lugar, en cuanto a la obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

No obstante, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga de dos meses, desde que finalice el estado de alarma, prevista para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria.

Asimismo, se establece, en cuanto a la preceptiva aprobación de las cuentas del ejercicio anterior por parte de la junta general ordinaria, que esta se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

En cualquier caso, si la convocatoria de la junta general ya se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». Para el supuesto de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

En lo que concierne a la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir de la entrada en vigor de las medidas que se analizan, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.

Para el anterior supuesto de alteración de la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria, el órgano de administración deberá justificar con base a la situación creada por el COVID-19 la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, que deberá también acompañarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviera convocada, el órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta general que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria - dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, de acuerdo a las reglas anteriormente expuestas -.

En este caso, la decisión del órgano de administración deberá publicarse antes de la celebración de la junta general ya convocada. En relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de justificación. La certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas anuales, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

En lo que atañe a los derechos de los socios, debemos subrayar la limitación al ejercicio de su derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas que del mismo se acuerden, ello aun cuando concurra causa legal o estatutaria que lo justifique.

Otra de las modificaciones temporales de mayor calado, consecuencia del estado de alarma, es aquella referida adoptación de los preceptivos acuerdos derivados concurrencia de causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad – regulados en los artículo 362 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital –, al suspenderse el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, hasta que finalice el estado de alarma.

En consonancia con la anterior previsión se acuerda que, si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

Finalmente, no podemos dejar de consignar la respuesta dada por las normas que nos ocupan ante el advenimiento de una posible situación concursal, para lo cual se prevé que, en tanto esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

Se establece, a su vez, que hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses.

En caso de que se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud del concurso necesario.

Por su parte, aquellos deudores que hubieran comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tampoco tendrán el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma.

A pesar de que las medidas adoptadas a raíz de la declaración del estado de alarma tienen una vigencia temporal limitada establecida de antemano, es probable que aquellas que otorgan un mayor dinamismo a las obligaciones formales a la hora de celebrar las reuniones o adoptar los acuerdos en las sociedades mercantiles vengan para quedarse.