Los efectos del COVID-19 en los contratos civiles

Las situaciones imprevisibles y extraordinarias, como la actual crisis pandémica del COVID-19, o Corona Virus, y la situación derivada de la declaración del Estado de Alarma del RD 463/2020, de 14 de marzo y sus posteriores prórrogas, pueden provocar la flexibilización del principio básico del derecho contratos “pacta sunt servanda”, según el cual los contratos son ley entre las partes, afectando a la eficacia de los contratos y a la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos.


MEDIDAS DEL LEGISLADOR

En ocasiones es el propio legislador quien altera la eficacia de los contratos, como está sucediendo recientemente con el fin de proteger a deudores hipotecarios, los consumidores, las familias o los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. Cabe citar el RD-Ley 6/2020 por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, norma en la que se concede una suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales. Otro ejemplo es el RD-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que concede una moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual a quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del coronavirus.


FUERZA MAYOR

En otras ocasiones son aplicables mecanismos ya previstos en la legislación, como la fuerza mayor, regulada en el Código Civil. La fuerza mayor, es un acontecimiento extraordinario e imposible de prever por las partes, que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este sentido, la pandemia del COVID-19 y la situación de estado de alarma puede comprenderse perfectamente dentro de dicho concepto, en tanto que nos encontramos ante un supuesto sin precedentes y cuyas magnitudes no han sido previstas, ni tan siquiera, por la mayoría de estados occidentales.

En las situaciones de fuerza mayor que provoquen la imposibilidad de cumplimiento del contrato, la parte incumplidora quedara exonerada de responsabilidad por su incumplimiento, no pudiendo la otra parte exigirle indemnización alguna por el mismo.

Cosa distinta es el estado de las obligaciones del contrato cuando existe esa fuerza mayor. Dependiendo del tipo de obligación establecida puede suceder que l cumplimiento del contrato devenga completamente imposible, piénsese por ejemplo en un contrato de transporte en el que el tiempo sea esencial, en cuyo caso las partes quedarían liberadas de sus obligaciones.

También serán comunes en esta crisis pandémica las situaciones en las que la imposibilidad de cumplimiento del contrato sea simplemente temporal, como por ejemplo un contrato de obra cuya entrega estaba prevista para las fechas en las que el RD-Ley 10/2020, que paralizó todas las actividades no esenciales. En ese caso las obligaciones se mantienen, debiendo ejecutarse cuando cese la causa de fuerza mayor y quedando liberado el deudor de la responsabilidad por la entrega tardía (siempre que la demora en la entrega se deba exclusivamente a la causa de fuerza mayor).

En cualquier caso, es preciso mencionar que numerosos contratos ya contemplan los casos de fuerza mayor y sus consecuencias, en eses casos, salvo cláusulas abusivas, habrá que atenerse a lo pactado.


LA EFICACIA DE LOS CONTRATOS ANTE LA PREVISIBLE CRISIS ECONÓMICA. LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Las alteraciones en la eficacia de los contratos no se producirán exclusivamente durante la vigencia del estado de Alarma. Si bien desconocemos el impacto que la crisis del COVID-19 tendrá en la economía, es cierto que las previsiones auguran una recesión económica. De producirse, cambiaría drásticamente el contexto en el que fueron firmados numerosos contratos, haciendo imposible para una parte contratante su cumplimiento. Este supuesto afectaría especialmente a aquellos contratos que contengan obligaciones periódicas, como un contrato de suministros o un arrendamiento, y a aquellos de tracto único cuyas obligaciones hayan sido pospuestas para un momento futuro, como una compraventa con pago aplazado.

De modo análogo a lo sucedido en la crisis económica de 2008, es probable que los Tribunales apliquen a determinados contratos, la cláusula rebus sic stantibus, una figura de desarrollo jurisprudencial que funciona como mecanismo de restablecimiento del equilibrio de las prestaciones, que se aplica a las obligaciones y contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas y totalmente imprevistas por las partes, a una de ellas le resulta absolutamente imposible el cumplimiento de la obligación o la misma deviene extraordinariamente onerosa.

Mediante la misma, los Tribunales, a instancia de parte, pueden disminuir el importe de la obligación contenida en el Contrato, con el fin de restablecer la equidad, pudiendo incluso resolver el mismo.

No obstante, debe tenerse en cuenta que la cláusula es aplicada de un modo muy restrictivo.

Como requisitos para su apreciación el Tribunal Supremo incluye:

Concurriría el primer requisito de producirse, desgraciadamente, una crisis económica a raíz de la pandemia. Es posible también que en algunos pueda considerarse cumplido el requisito simplemente por las circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma. Sin embargo, los Tribunales, que aplican este principio de manera cautelosa, suelen requerir unas circunstancias graves y prolongadas, por lo que ese supuesto no sería claro.

Respecto a la desproporción entre las prestaciones de las partes contratantes, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014: “parece razonable apreciar la excesiva onerosidad en el incremento de los costes de preparación y ejecución de la prestación en aquellos supuestos en donde la actividad económica o de explotación, por el cambio operado de las circunstancias, lleve a un resultado reiterado de pérdidas (imposibilidad económica) o a la completa desaparición de cualquier margen de beneficio (falta del carácter retributivo de la prestación)”.

No obstante, debido a la gran variedad de contratos y negocios y a la disparidad de las situaciones, deviene imprescindible un examen del caso concreto antes de aventurarse a predecir en qué situaciones esta cláusula es susceptible de aplicación.


CONCLUSIONES

La crisis pandémica actual puede afectar a la eficacia de los contratos, flexibilizando el principio de que los mismos son ley entre las partes, ya sea por medidas del legislador o por la concurrencia de fuerza mayor.

De padecer la pronosticada crisis económica derivada de los daños causados por la pandemia del COVID-19, los Tribunales podría modificar los contratos, minorando su precio, con el fin de restablecer el equilibrio entre las partes mediante la cláusula rebus sic stantibus. No obstante, debe recordarse que la aplicación de esta cláusula se realiza de forma muy restrictiva y cautelosa.